Intervención de Gabriel Boric en debate sobre Multirut: “Este proyecto no es un avance, es un retroceso”

por Administrador

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Política en Chile

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La siguiente es la intervención completa de Gabriel Boric ante la cámara de diputados ante el proyecto que pretende poner fin a la figura del Multirut:

La CUT, la CPC, el Gobierno, la derecha y sus institutos compartan el mismo diagnóstico “durante años se han vulnerado los derechos laborales como consecuencia de la división o fragmentación de un empleador en varias empresas o razones sociales”, si partimos de la idea de que empresarios y trabajadores defienden intereses antagónicos e irreconciliables, ¿existe la posibilidad que el diagnóstico sea el mismo? Si, pero es imposible que lleguemos a la misma solución, uno de los dos saldrá perjudicado. ¿Quién pierde en esta pasada? Para entender esta discusión debemos ir al origen. El concepto de empresa en el Código del Trabajo fue incorporado mediante la ley N° 18.018 en el año de 1981. Su propósito era evidente: limitar la negociación colectiva más allá de la empresa en que el trabajador presta servicios.

La fragmentación del empleador en varias empresas o razones sociales no genera grandes dificultades en materia civil y comercial, pero si lo hace en materia laboral, generando graves consecuencias en una serie de instituciones que fueron concebidos en base a la noción clásica de empresa. Pero, sin lugar a dudas, el ámbito más perjudicado es el que dice relación con la organización sindical y en la negociación colectiva, siendo uno de los artilugios más útiles para tornar ineficaces estos derechos colectivos.

Los académicos y la gran mayoría de las organizaciones están contestes: la iniciativa en análisis no soluciona absolutamente nada y aún más incluye una serie de requisitos y eleva los estándares normativos para su declaración, lo que va a entrabar la solución del problema principal –los derechos colectivos y particularmente la negociación colectiva, puesto que complejizan la noción de empresa, cuestión que evidentemente favorece a los empresarios, pues obtener la declaración de empresa será más difícil para los trabajadores.

Nos hemos juntado con muchos sindicatos, de Magallanes y a nivel nacional, y uno de ellos nos dijo “la indicación del Gobierno no soluciona los problemas de fondo, cuales son proteger los derechos de los trabajadores respecto a sus organizaciones, derechos laborales y de seguridad social, pago de las gratificaciones y una negociación colectiva real. Todas estas materias no se ven reflejadas en la indicación y nuevamente se está llegando al maquillaje del problema.”

Todos los invitados al trabajo en Comisión, incluso la CUT que hoy apoya el proyecto, reconocen que lo que se requiere es eliminar el concepto de empresa, como en todas las legislaciones comparadas. Como señala el Profesor Caamaño el concepto de empresa que establece la legislación laboral chilena tradicionalmente ha sido interpretado de manera formalista, particularmente con la dimensión colectiva, pero desde hace bastante tiempo la jurisprudencia lo ha ido superando a partir de la noción de unidad económica, reconociendo una responsabilidad solidaria de los grupos de empresas desde el punto de vista de los derechos individuales. Al respecto, el proyecto de ley desconoce esa jurisprudencia y pretende construir un concepto que impide las posibilidades reales de que se produzca una negociación colectiva, desconociéndose así todo el avance que se ha realizado a partir de la aplicación de los principios del derecho laboral, el principio de primacía de la realidad y con el concepto de subordinación y dependencia. ¿Por qué en el caso de la negociación colectiva se le deben dar garantías adicionales a los empleadores?

Las indicación 3G) señala debe existir una dirección laboral común, junto a diversas condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que se elaboren o presten o la existencia de un controlador común. Si bien se ha señalado que tienen carácter indiciario y que no son copulativos, de la redacción se desprende que sí se debe sumar a lo menos una de estas condiciones a la dirección laboral común. Por lo demás, son requisitos absolutamente ajenos a las nociones tradicionales del derecho del trabajo, que harán prácticamente imposible que los trabajadores puedan hacer efectivos sus derechos. El profesor Ugarte señaló que si se llegara a publicar la ley en los términos planteados, los abogados de las empresas utilizarán las nociones de negocios específicos o negocios directamente complementarios, diciendo que, pese a ser un solo empleador “sus negocios no son el mismo” o “o no son complementarios” -la sección corbatas no es complementaria de las sección lavadoras-, por lo que ambas pueden funcionar por separadas. La mayoría de las empresas que conforman un grupo son suficientes y autosuficientes, tienen su propia personalidad jurídica, tienen sus propios gerentes y tienen su propio cuerpo directivo, por lo que un juez podría resolver que no se ha acreditado que estas empresas puedan desprenderse del grupo de empresas, lo que lleva a que prácticamente en ningún caso se va a poder acreditar de que se está frente a un solo empleador.

El profesor César Toledo Corsi, manifestó su preocupación en este sentido, pues la indicación del Gobierno afecta dramáticamente la autonomía sindical, toda vez que se requiere un trámite previo de cara a los casos de multirut para poder constituirse y también para ejercer el derecho a negociación colectiva. Añadió además que la indicación del Ejecutivo, tal como lo señalaron los abogados del Centro de Estudios del Trabajo, también va a afectar el fuero de la negociación colectiva. Por último señaló un tema que nos preocupa de sobremanera, deben cautelarse las facultades de la Dirección del Trabajo que, en materia de negociación colectiva, le permiten intervenir en el evento que el empleador hubiere utilizado razones sociales múltiples. La propuesta del Ejecutivo propone que la Dirección del Trabajo debe emitir un informe durante el proceso judicial que deberá tramitarse ante el Juez del Trabajo, lo que implica un detrimento de las facultades fiscalizadoras que actualmente puede ejercer.

Contradicciones de la Nueva Mayoría

Hoy, de cara a la aprobación de este proyecto, queremos constatar la gravedad del cambio de opinión de los diputados y senadores de la Nueva Mayoría. Durante el gobierno de Piñera se opusieron tajantemente a él, hoy y sin haber cambiado sustantivamente el proyecto, en lo referente a sus críticas, dan el sí. Ejemplo de ello es el Diputado Andrade quien en su momento sostuvo que “existe abundante jurisprudencia que ha construido un concepto de empresa, por lo que carece de sentido introducir una reforma legal en este ámbito, o la misma indicación número 1, del Senador Muñoz Aburto, que proponía sustituir el artículo primero contenido en el proyecto de ley en estudio eliminando el concepto de empresa. Lo mismo el Senador Letelier que dejó constancia que el Partido Socialista estimó que lo óptimo sería eliminar el concepto de empresa, resultando suficiente el concepto de empleador.
Lo mismo podemos decir de las críticas de Bárbara Figueroa y del Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Nolberto Díaz, quienes en su momento abogaron por su eliminación, habida cuenta de los efectos negativos que habría producido para la defensa de los derechos de los trabajadores. Bárbara Figueroa, agregó que si la entidad que representa quisiera avanzar en el marco del desafío que se ha propuesto, que es la nueva institucionalidad laboral, evidentemente que la demanda debiera ser terminar con el concepto de empresa.

Al leer la discusión pareciera que estábamos todos de acuerdo en eliminar el concepto de empresa, pero hoy votaremos un proyecto que lo legitima. Votaré en contra porque las modificaciones que introduce el Senado no cambian de manera sustantiva este proyecto, proyecto que como ya hemos señalado es claramente un retroceso en materia de derechos, de sindicalización, de negociación colectiva y, en definitiva, de transparentar las relaciones entre empleadores y trabajadores, algo media entre las críticas y los aplausos. Hay una fuerza que sin haber participado abiertamente del debate público, actúa con toda eficacia, descansando en el peso de la noche.

Y ciertamente no es la fuerza de los trabajadores. Esa fuerza tiene prohibido expresarse, tiene prohibido articularse. De eso se trata esta discusión.

Pero sería una aberrante simplificación e injusto de mi parte achacar toda la responsabilidad a la Concertación. Ahí están sus críticas declaraciones. ¿Qué pasa entre medio? ¿Por qué votan hoy contra sus mismas posiciones públicas?

Quisiera aportar con un punto de vista sobre esta situación de apariencia contradictoria. Sucede que hay otros actores, que no se exhiben con toda transparencia, pero que en este país disponen de mucho poder “de hecho” y mucha conciencia de ese poder, de la capacidad que tienen de orientar en una u otra dirección de nuestra sociedad. Es el empresariado el que dispone de medios de comunicación que día a día van delimitando quién y cómo participa de la discusión pública; financia la política, dispone de lobbystas para incidir en el proceso legislativo; sus funcionarios tienen, en tanto individuos, un cómodo tránsito entre la empresa privada y el aparato público, etc.

En ese sentido resulta del todo interesante la intervención que hiciera el ex ministro secretario general de gobierno de Patricio Aylwin, Enrique Correa, en un debate cerrado en el Centro de Estudios Públicos en el mes de marzo ante importantes empresarios. Allí los invitaba a abrirse a algunos cambios. A cambiar el sistema binominal para no cambiar la constitución. A asumir un costo tributario para destapar la olla a presión que significaba el “malestar social”. A no temer a la reforma educacional, porque los empresarios decentes no la sufrirían. Y sobre todo, los llamaba a tener tranquilidad, pues en todas las otras materias, el gobierno mantendría una política de grandes acuerdos que caracterizaron a los años noventa.

Desde aquí me tomaré la licencia de hacer una interpretación, pues no queda nada más que intentar interpretar un comportamiento tan contradictorio como aquel de la Nueva Mayoría frente a este proyecto.

Mi interpretación es que aquí opera el miedo. El miedo ante los poderes fácticos y su capacidad de dirigir a la sociedad chilena. Y ante esto toman una decisión: para tratar de avanzar en la reforma educacional es necesario hacer una concesión en materia laboral. Para tranquilizar al empresariado frente a la reforma tributaria y educacional, se les dará una señal de que hay ciertos elementos claves del modelo de la dictadura que se mantendrán incólumes. Ustedes aprobarán el proyecto de Multirut que aplaudió la Fundación Libertad y Desarrollo.

Sin embargo, esto no es lo más grave. Lo más grave es que ustedes, la Nueva Mayoría, le presenta ahora al país este proyecto como uno pensado para defender los intereses de los trabajadores, como parte de una nueva legislación laboral, como la manifestación de un nuevo ciclo político.

Aquí es donde más gravemente se equivocan. Esta política ya fue derrotada, y lo será de nuevo si es que las fuerzas que queremos lograr transformaciones no escribimos un nuevo rumbo. Aquí es donde se marcan nuestras diferencias con la Concertación y con la todavía vieja “Nueva Mayoría”.

El siglo XX demostró una y otra vez que sin una sociedad consciente, organizada y participe del proceso político no hay camino de transformaciones posible. No hay técnico, burócrata ni muñeca política que pueda reemplazar el rol de sociedad organizada y desplegada sobre el escenario político para enfrentar a los poderes fácticos.

Al presentar este proyecto como algo que no es, ustedes no solo le están mintiendo al pueblo, más grave aún, lo desarman, lo anulan, y le impiden constituirse como actor.

No se confundan, esto no se trata del todo o nada. Muchas veces en política hay que pactar, hay que llegar a acuerdo, pero esos pactos y esos acuerdos hay que hacerlos de cara a la ciudadanía, no a sus espaldas. Que esta “Nueva” coalición inicie su mandato concediéndoles a los poderes fácticos operar tras bambalinas de la política, eludiendo su deber de hacerse parte del debate público, es hacer nacer un proyecto político en una funeraria.

Todos debemos ser parte del debate público. Es la única forma de construir democracia. Y aquellos que quieran hacer transformaciones en esta sociedad sepan que estas solo se lograrán cuando construyamos una alternativa política que sea una conducción abierta, transparente y democrática de esos procesos. Mientras tanto, los cambios que tanto anhelamos, seguirán esperando.

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