El derecho a quejarse

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Política en Chile

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Por Andres Rojo Torrealba

Mientras miles de personas trasnochaban viendo el Festival de Viña o luchaban por un pedazo de playa en los principales balnearios del país, se produjo una de esas noticias que, pese a ser de primera relevancia para la defensa de los derechos ciudadanos, pasó desapercibida en medio de las informaciones sobre el correcto uso de los bloqueadores solares.

            En el marco de un recurso de protección presentado por el ex candidato presidencial Marcel Claude en contra de un grupo de publicistas que difundió un video por Youtube, alegando que no se les había cancelado una deuda que ellos calculan en 18 millones de pesos, la Corte de Apelaciones de Santiago, junto con rechazar el recurso, emitió un fallo que incluye argumentos que se volverán a repetir en futuras discusiones.

            Sin entrar en la discusión por la deuda, lo relevante es que este fallo unánime deja asentados dos principios que resultan fundamentales a la hora de avanzar en la democratización del país.

            En primer término, la Corte de Apelaciones  afirma que no hay vulneración al derecho de la privacidad y la propia imagen de Claude (puede ser cualquier otra persona, lo reitero) porque su labor política lo ubica en un escrutinio mayor que el resto de la ciudadanía, lo que significa en términos prácticos que un político tiene mayores responsabilidades y no puede escudarse en sus derechos personales, que no se le dejan de reconocer, para evitar las críticas.

            En segundo lugar, el tribunal sostiene de manera unánime que “es una realidad indesmentible que actualmente no existe el monopolio de la información, originaria y preponderantemente radicado en los medios de comunicación social. Hoy en día las personas disponen de información de primera fuente. Las tecnologías modernas propician su adquisición y divulgación en forma inclusive instantánea”.

            En buen castellano, ello significa que el derecho a la expresión y la opinión a través de las redes sociales debe ser reconocido como parte del ejercicio de las libertades constitucionales., con lo que se abre  su uso para los ciudadanos.   Esto era algo ya sabido por quienes emplean estas herramientas, los académicos y los propios medios de comunicación, pero no había sido refrendado por el Poder Judicial.   En cualquier caso, el ejercicio de este derecho no significa que no se deba responder por los eventuales abusos que se puedan cometer, especialmente en el ámbito de la calumnia y la injuria, pero la noticia es que sí se puede ejercer la crítica a cualquier persona por intermedio de las redes sociales y que, para futuros reclamos, ya hay un fallo que sirve como jurisprudencia.   Se acabaron los intocables.  Lo dice un tribunal.

[Andres Rojo Torrealba]

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